PPK hizo balance de los 100 primeros días de su gobierno

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczysnki, ofreció un balance de los 100 primeros días de su gobierno, pese a que esa fecha se cumplirá el 5 de noviembre. En su exposición, destacó actos en materia de reactivación económica, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, entre otros temas.

Sin embargo, en esos 100 días por cumplirse no todo ha sido fácil para el Ejecutivo y, sobre todo, para el mandatario.

SE SUBIERON AL CARRO

En su primera entrevista a un medio extranjero, PPK hizo un comentario sobre la bancada de Fuerza Popular, que llegaba al Congreso con 73 parlamentarios. Dijo que no todos los miembros de esa bancada son miembros del partido naranja, pues “hay como treinta que se subieron al carro creyendo que, si ella [Keiko Fujimori] ganaba, recibirían una prebenda”.

“Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es jalarse a algunos de esos. Si no lo hacemos, va a ser difícil trabajar en el Congreso”, manifestó PPK en diálogo con el diario español “El País”.

Inmediatamente, el presidente negó haber intentado impulsar el transfuguismo y dijo que lo malinterpretaron. “Cuando yo digo ‘jalar’ es jalar las convicciones, no promover el transfuguismo para nada”, se excusó.

Sin embargo, el rechazo desde el fujimorismo fue inmediato y acusaron a PPK de poner “en riesgo la reforma política”. Los paños fríos, en este caso, los puso el primer ministro, Fernando Zavala, quien se disculpó con la presidenta del Congreso, Luz Salgado. “He venido a extender mis disculpas. Entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar”, dijo.

BRONCA POR FACULTADES

Luego de obtener el voto de confianza del pleno del Congreso, el Gabinete de Fernando Zavala enfrentó su primera prueba: el pedido de facultades para legislar en materia económica, de seguridad ciudadana, de lucha anticorrupción, de agua y saneamiento, y sobre la reorganización de Petro-Perú.

Todas estas fueron debatidas primero en la Comisión de Constitución del Congreso, que pidió la consulta de otras comisiones. El principal problema por esos días fue la postura de algunas bancadas, incluida la de Fuerza Popular, sobre las facultades que debía tener la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además de ello, la Comisión de Presupuesto se mostró en contra de dar facultades en materia económica.

PPK entró a la polémica al señalar que el Congreso se estaba “equivocando de enemigo”. “Aquí lo fundamental es que la UIF es un arma contra el crimen organizado, no podemos ceder mucho”, dijo en otro momento.

Finalmente, el pleno del Congreso, incluida la mayoría fujimorista, aprobó la delegación de facultades por 90 días en todas las materias solicitadas. Sobre la UIF, se aprobó darle la facultad de levantar el secreto bancario y tributario vía autorización de un juez, aunque denegó que pueda compartir sus informes con la ONPE y el JNE, como había pedido el gobierno.

EL ‘NEGOCIAZO’ DE MORENO

El 4 de octubre se publicó una resolución suprema que daba cuenta de la renuncia del médico Carlos Moreno al cargo de asesor presidencial en temas de salud. Como justificación, PPK dijo que la salida se debía a la pesada carga laboral que él ya tenía. Tres días después, sin embargo, el gastroenterólogo acusó que su renuncia fue porque habían grabado conversaciones suyas en Palacio.

Ese mismo día, Fernando Zavala anunció que la Presidencia del Consejo de Ministros había presentado una denuncia penal contra Carlos Moreno. ¿El motivo? Se conoció el contenido de dos grabaciones en las que el médico comentaba sobre un presunto negociado para que una clínica firme un convenio con el Arzobispado de Lima y, así, pueda acceder a un acuerdo para atender a pacientes asegurados en el Sistema Integral de Salud (SIS).

Pese a la denuncia, las declaraciones que había brindado PPK sobre la salida de su asesor generaron críticas de la oposición, que acusaba un intento de proteger a su ex asesor. En su defensa, PPK dijo que, ni bien se confirmó el contenido de los audios, Moreno fue separado. Añadió que en su gobierno “no hay espacio” para ninguna persona que tenga cuestionamientos “por uso de dinero público para fines privados”.

PPK advirtió que en su gobierno “no hay espacio” para ninguna persona que tenga cuestionamientos “por uso de dinero público para fines privados”. (Foto: Bloomberg/ Video: TV Perú)

ANTECEDENTES DE ASESORES

Tras el estallido del caso de Carlos Moreno, el gobierno anunció que revisaría los antecedentes de los otros consejeros presidenciales. Antes de que puedan emitir algún informe, se publicó un reportaje periodístico que daba cuenta de un audio que incriminaba a los asesores José Labán Ghiorzo y Jorge Villacorta Carranza en un presunto acto de corrupción.

Labán fungía como asesor en asuntos regionales y municipales y Villacorta desempeñaba el cargo de asesor en conflictos sociales. Un informe del semanario “Hildebrandt en sus trece” refería, a partir de un audio de 2015, que el empresario puneño Beltrán Hancco Quispe, quien en ese momento postulaba al Legislativo, aseguraba que, por encargo del hoy congresista Gilbert Violeta, Labán y Villacorta le solicitaban dinero para el partido Peruanos por el Kambio.

José Labán, Gilbert Violeta y Jorge Villacorta acompañaron a PPK en su viaje a China. Los dos ex asesores y el congresista se encuentran en el ojo de la tormenta. (Foto: Presidencia)

Tras la denuncia periodística, ambos renunciaron. “Rechazamos todos los cuestionamientos que sin ningún tipo de sustento se han vertido sobre nuestra capacidad profesional y honorabilidad personal”, escribieron en un comunicado conjunto.

Al respecto, PPK calificó de “descuido” del Ejecutivo la selección de sus ex colaboradores. “Los consejeros presidenciales han sido tema de turbulencia. Hubo un descuido de parte nuestra”, mencionó.

LAS BAMBAS

El primer conflicto social que enfrenta el gobierno de PPK tiene lugar en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En el marco del proyecto minero Las Bambas, comunidades aledañas cuestionaron que la empresa china MMG use una vía para transportar grandes cantidades de mineral. Señalaban que el polvo que levantaban los camiones afectaba sus cultivos, sus viviendas y también su salud.

Ese hecho provocó que los comuneros se organicen para protestar pero, en ese contexto, hubo un enfrentamiento con agentes de la Policía que devino en el fallecimiento del ciudadano Quintino Cereceda. Días después del lamentable suceso, el Ministerio del Interior informó que ni su titular, Carlos Basombrío, ni el director general de la Policía habían ordenado esa intervención.

Con el profundo malestar de las comunidades, el Ejecutivo optó por enviar una comisión encabezada por el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Tras un auspicioso inicio de diálogo, el también ministro de Transportes ha planteado una tregua de 45 días para analizar y proponer soluciones. Sin embargo, no ha recibido aún respuesta de la comunidad de Cotabambas.

Subdecano de la prensa nacional
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