SE DICTÓ LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH. A FAVOR DE LOS PORTUARIOS DE ENAPU

FENTENAPU presentó la demanda a la oficina de la OEA en Lima, el 2 de noviembre de 1998, luego de que en febrero de 1996  presentara una acción judicial en el Callao con el fin de agotar la instancia interna del sistema judicial nacional. Los abogados Carlos Blancas Bustamante y Adolfo Ciudad, se encargaron de presentar las demandas respectivamente.

El texto de la sentencia tiene una connotación suprema y desde la perspectiva laboral, un elemento contundente para la denuncia internacional  contra la impunidad de esa dictadura violadora de los DD.HH. en el Perú,  que estuvo comandada por dos sujetos Fujimori y Montesinos.

La prensa internacional comenta: “No es Cuba ni Venezuela. Tampoco la Argentina de la dictadura militar. El país que más denuncias y sentencias acumula ante el sistema interamericano de justicia es el Perú.” Y agrega: “En el año 2010, la CIDH admitió 364 peticiones de denuncias contra ese país e inició trámite en 86 de estos casos. Estas cifras lo convierten en el  más denunciado de América por parte del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. También es el país con más sentencias desfavorables. El Perú ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San José y, en todos estos casos, los fallos le han sido adversos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Perú por violar los derechos laborales de 164 trabajadores del sector público cesados por no acogerse al programa de retiro voluntario con incentivos, en la década de los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori. El caso se refiere al despido de 85 trabajadores de Petroperú, 25 de Enapu, eran 28 pero 3 desistieron, 39 del Ministerio de Educación y 15 trabajadores del MEF como parte de programas de racionalización y evaluación de personal.

La Corte IDH concluyó en el fallo que los trabajadores no gozaron de acceso a un recurso judicial efectivo para cuestionar la irregularidad de sus ceses, lo que violó su derecho al trabajo. Según los jueces de esta Corte, “el derecho al trabajo incluye el derecho a garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial”. La sentencia detalla que acciones de amparo intentadas por los trabajadores de Enapu y Minedu fueron resueltas por un Tribunal Constitucional conformado por solo cuatro magistrados, ya q

ue el Congreso había destituido a los otros tres. En su sentencia, la Corte IDH ordena al Estado peruano a pagar indemnizaciones por los conceptos relativos a los aportes de pensiones que no ingresaron al patrimonio de los ex trabajadores como consecuencia de sus ceses, el lucro cesante y el daño inmaterial. El Estado deberá indemnizar con más de 55,000 dólares a cada trabajador.

Y es que FENTENAPU llevó el caso a puertas abiertas persiguiendo dos objetivos: Uno específico y otro estratégico. El específico era lograr la reposición de los 28 trabajadores portuarios despedidos y sean resarcidos por los daños causados. Y el objetivo estratégico era sumarnos a la trinchera internacional en la lucha contra la dictadura. La reposición fue el primer triunfo logrado. Pero como siempre hay bobos en estas grandes luchas, tres desistieron porque no creían en la justicia internacional.

Previamente la federación acordó asistir al 40° Congreso de la   ITF – International Transport Workers’ Federation, donde estamos afiliados y que cuenta con 700 sindicatos, que representan a más de 16 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte  terrestre, ferroviario, marina mercante y aviación de 150 países. En ese evento realizado en Vancouver-Canadá, Fentenapu presentó una moción con el respaldo de todos los sindicatos del transporte de EE.UU. México, Panamá, Chile, Argentina y Brasil, pidiendo la solidaridad a los 28 portuarios despedidos. Hecho que con la sustentación y denuncia contra el gobierno de Fujimori, fue aprobado por unanimidad.

La acción de solidaridad consistía en que cada sindicato hiciera llegar al gobierno peruano y a la Comisión Interamericana de DD.HH. la solidaridad con los portuarios nuestros y exigiendo su inmediata reposición. En ese trajín se suma también la acertada y muy profesional asesoría de la Doctora Carolina Loayza, demostrada con el logro de la sentencia que comentamos.

Sin embargo, en el texto de la sentencia (Pág. 87 y 88) declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías y protección judicial consagrados en la Convención Americana de los DD.HH. También es responsable por la violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Igualmente dice, es responsable por la violación del derecho al trabajo contra los 160 trabajadores que señala la misma. Y establece las reparaciones correspondientes.

Pero la Corte no sanciona a los funcionarios que ejecutaron esas violaciones. Por ejemplo, los Ministros de Estado que aprobaron los decretos leyes contrarios a la Convención Americana y contra los derechos fundamentales de los trabajadores consagrados por la OIT. El entonces vice ministro de trabajo,  Francisco Acosta Sánchez  dio conformidad a las disposiciones finales (Art. 7) del Decreto Ley 26120 y que luego lo nombraran Presidente del Tribunal Constitucional cuyo desempeño es conocido. A los funcionarios de ENAPU que ejecutaron el D.S. 003-96-PCM que fue el tiro de gracia contra los portuarios. O FONAFE que eran los representantes del Estado en el holding de empresas, entre ellos ENAPU.

UNA OPINIÓN CONSULTIVA OC-14/94, DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1994  REFERIDA A LA  RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR EXPEDICIÓN Y APLICACIÓN DE LEYES VIOLATORIAS DE LA CONVENCIÓN, SOLICITADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS;   LA CORTE, por unanimidad, DECIDE:

 

  1. Que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades Protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad Internacional de tal Estado.
  2. Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una Ley manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad Internacional para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya persé un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto.

Es decir, impunidad total salvo que sea catalogada de criminal la acción contra las víctimas.

El Tribunal recibió 5 escritos de Amicus Curiae, uno de ellos, Baicus Consultoría, argumenta que: “La afectación al derecho al trabajo, trajo consigo una violación masiva a múltiples derechos esenciales para la vida del ser humano”

El otro firmado por Nilda Garay M., concluye por medio de un análisis jurídico histórico, así lo cataloga la Corte, “que el Estado vulneró el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a no ser discriminados, a no ser excluidos mediante estigmatización y a no violentar su honra, de los trabajadores cesados del presente caso”.

Además de esas consideraciones, decimos que la declaración de “excedentes” no tenía ningún asidero legal para los funcionarios de ENAPU. El DL 674  de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado no dice que por falencia económica y exceso de personal se debe proceder a la privatización. Nunca pudieron exhibir pérdidas económicas y deficiencias operativas de los puertos menos cuando las estadísticas internacionales elaboradas por la  CEPAL, establecía el ranking al puerto del callao (años 94 al 97) en el primer lugar de todos los puertos de la costa oeste de sud américa y el sexto en toda Sur,  Centro américa y el caribe. Hasta ahora, las empresas concesionarias no pueden exhibir mejores cifras.

No eran pues, EXCEDENTES, el objetivo era botar al mayor número de trabajadores portuarios para debilitar al gremio y así ya no estorbar las privatizaciones de los puertos, porque éstos eran la bravura laboral en el país, que estaban luchando en defensa de sus genuinos derechos y fundamentalmente, por los sagrados y supremos intereses de la nación.

El texto íntegro de la sentencia está en el siguiente enlace:

http:/www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/series 344 esp.pdf

Enero, 2018

 

Subdecano de la prensa nacional
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